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Gestión de gobierno y desarrollo sostenible

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
December 2002
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Las deficiencias en la gestión de gobierno plantean una serie de obstáculos para el desarrollo humano52. Cuando existe corrupción, los recursos presupuestarios se asignan a programas improductivos y el gasto público se vuelve ineficiente, lo cual reduce la eficacia con la que el gasto destinado a los programas sociales y de reducción de la pobreza promueve el desarrollo social. Cuando la gestión de gobierno es deficiente, las asignaciones presupuestarias tienden a orientarse hacia proyectos de inversión menos productivos y a gastos relacionados con la defensa nacional, en detrimento de operaciones no salariales y gastos de manutención, lo cual reduce la calidad y la productividad de la infraestructura existente. Asimismo, la corrupción reduce el ingreso y, por ende, la capacidad del gobierno para movilizar recursos a favor de programas esenciales para reducir la pobreza. Como consecuencia de la corrupción, los pobres captan una proporción más pequeña de los beneficios del gasto público y, en términos más generales, se agravan la pobreza y la desigualdad del ingreso.

Una buena gestión de gobierno es esencial para garantizar que los aumentos del gasto social se traduzcan en mejores resultados en el ámbito social. Incluso en el caso de los gastos destinados a actividades que favorecen a los pobres, los fondos públicos deben asignarse a los fines acordados para que esos recursos promuevan el desarrollo humano. En este sentido, la adopción de un sistema sólido de gestión del gasto público y la transparencia en las operaciones del gobierno son fundamentales, no solo a efectos de la gestión macroeconómica sino también para una buena gestión de gobierno.

Una buena gestión de gobierno también es esencial para fomentar la sostenibilidad del medio ambiente. En los países en desarrollo se ha avanzado poco en la tarea de aliviar los problemas ambientales, en muchos casos debido a problemas en la definición de los derechos de propiedad, a la corrupción y a la falta generalizada de capacidad y voluntad política a nivel nacional53. El énfasis general que el FMI ha puesto en mejorar la calidad y la transparencia en las decisiones de gasto ha incrementado la eficacia del gasto ambiental y en otros rubros en los países en desarrollo. En Brasil, por ejemplo, el gasto federal en programas de protección del medio ambiente aumentó durante el período de aplicación del programa respaldado por el FMI. Asimismo, en una serie de países (por ejemplo, Camboya e Indonesia), la institución ha encarado explícitamente los problemas de gestión en el ámbito del medio ambiente en los casos en que esos problemas eran importantes para la situación macroeconómica global.

Casi todos los programas respaldados por el SCLP incluyen medidas para fortalecer los sistemas de gestión del gasto público. En promedio, cada programa contiene entre cuatro y cinco medidas que generalmente tienen por objeto mejorar la formulación presupuestaria, la ejecución presupuestaria (para que el gasto no exceda de los montos presupuestados) y la declaración presupuestaria (incluida la inspección). Tanto el FMI como el Banco Mundial han brindado un volumen sustancial de asistencia técnica a los países para que fortalezcan sus sistemas presupuestarios. Con respecto a los 24 países pobres muy endeudados (PPME) que reúnen las condiciones para recibir alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa reforzada para los PPME, el Banco Mundial y el FMI, junto con las autoridades nacionales, han formulado planes de acción para fortalecer los sistemas presupuestarios. Estos planes se están llevando a la práctica en el contexto de los programas que los países aplican con el respaldo del Banco Mundial y del FMI. Pese a los avances recientes, los sistemas de gestión del gasto público siguen presentando deficiencias en muchos de estos países, y será esencial que dichos planes se apliquen rigurosamente para poder alcanzar un desarrollo sostenible.

Mejorar la transparencia de las operaciones del gobierno será una tarea esencial para garantizar que las autoridades se responsabilicen por el uso que dan a los fondos públicos. En este sentido, la transparencia podría incrementarse si los gobiernos aplicaran el Código de buenas prácticas de transparencia fiscal del FMI. La participación de los países en la elaboración del informe sobre la observancia de los códigos y normas (IOCN) —en el que se evalúan las prácticas de los países en materia de transparencia contra esas pautas—puede ser un avance importante en este sentido. Hasta la fecha, 36 países desarrollados y en desarrollo han participado en la preparación de IOCN en el ámbito fiscal, y se prevé que en el futuro cercano participarán otros 15 a 20 países por año.

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