Informe Anual 1999
Chapter

Capítulo 6. Supervisión

Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
October 1999
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Comprobar que el sistema monetario internacional funciona eficazmente es parte intrínseca de las finalidades y operaciones del FMI. En consecuencia, el Convenio Constitutivo dispone que el FMI ha de ejercer una firme supervisión sobre los regímenes cambiarios de los países miembros. A fin de cumplir con este mandato, el FMI analiza por lo general si la política económica y la política financiera de cada país son adecuadas para ir logrando un ordenado crecimiento económico, y evalúa las repercusiones que tienen las medidas en otros países y en la economía mundial. En los últimos años, se han producido profundos cambios en la economía mundial, como el rápido crecimiento de los mercados de capital privado, la mayor integración regional y monetaria, y la adopción de la convertibilidad de la cuenta corriente y de reformas de mercado en muchos países, cambios que han destacado la importancia de contar con una supervisión eficaz y oportuna. Todo lo anterior se ha traducido en un aumento de las responsabilidades del FMI (véase el recuadro 6).

En el cumplimiento de su misión de supervisión, el FMI ha tratado especialmente de alentar a los países a que corrijan los desequilibrios macroeconómicos, reduzcan la inflación y emprendan decisivas reformas de mercado en el sector del comercio exterior, los tipos de cambio y otros aspectos. No obstante, se ha podido comprobar con creciente certeza que se necesita, según sea la situación de cada país, una serie mucho más amplia de reformas estructurales e institucionales—las de segunda generación—a fin de obtener y mantener la confianza del sector privado y sentar las bases para un crecimiento sostenido. Cabe mencionar, entre ellas, el logro de una mayor eficiencia en el sector financiero, el mejoramiento de la compilación y divulgación de datos, una mayor transparencia en los presupuestos estatales y en las políticas monetaria y financiera, el fomento de la autonomía y de la independencia de los bancos centrales, y la promoción de las reformas jurídicas y la buena gestión de gobierno. (En el capítulo 5 se examinan algunas iniciativas en estas esferas.)

El FMI ha ejercido desde siempre esta misión de supervisión en dos niveles:

  • el bilateral; en el marco de las consultas del Artículo IV con los países miembros, que suelen realizarse anualmente, y
  • el multilateral; examinando lo que ocurre en el sistema monetario internacional, sobre todo por medio del estudio de las perspectivas de la economía mundial realizado por el personal, y el análisis que se realiza periódicamente de la evolución de los mercados internacionales de capital y los sistemas financieros. (Véanse los capítulos 2 y 3, en los que se reseñan las deliberaciones del Directorio sobre estos temas.)

Recientemente, el FMI ha comenzado a efectuar este tipo de seguimiento tomando como ámbito una región, por ejemplo, cuando examina lo que acontece en la UEM y en la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA). Asimismo, en 1998/99, el Directorio analizó la experiencia obtenida hasta la fecha en materia de crecimiento y desinflación en las economías que se encuentran en etapa de transición hacia sistemas de mercado.

A fin de asegurar que la supervisión se realiza en forma continua y eficaz, el Directorio complementa el seguimiento sistemático y programado con otras sesiones, regulares pero informales—a veces mensuales o incluso más frecuentes—en las que se tratan sucesos significativos que se producen en regiones y países seleccionados. En 1998/99, además de las deliberaciones acerca de las consultas del Artículo IV con países miembros, que sumaron 173 horas de trabajo, el Directorio se reunió 29 veces, por un total de 87 horas, para tratar cuestiones de política relacionadas con la supervisión (entre ellas, deliberaciones sobre las perspectivas de la economía mundial, supervisión y transparencia de la política de los países miembros y programas de seguimiento oficioso por el personal). El Directorio también se reúne periódicamente para examinar la situación de los mercados financieros y de la economía mundial. Esta labor constante de evaluación que realiza el Directorio sirve para mantener informado al personal del FMI y también de guía para la labor que cumple en relación con los países miembros; los resultados de dicha evaluación son comunicados a las autoridades nacionales por los directores ejecutivos.

Recuadro 6Evaluación externa de la función de supervisión del FMI

Como la supervisión es una de las funciones decisivas entre las que le competen al FMI, a mediados de 1998 el Directorio Ejecutivo aprobó la contratación de tres especialistas independientes externos para que evaluaran la forma en que la institución supervisa la política económica de los países miembros y la eficacia con que lo hace, y para que formularan recomendaciones acerca de posibles mejoras. Se pidió a los especialistas que abarquen en su evaluación todos los cauces y todos los instrumentos que utiliza el FMI para cumplir esta tarea.

La evaluación externa tratará de encontrar respuesta a cuatro interrogantes de índole general:

  • ¿Cuál es el grado de eficacia de la supervisión en la identificación de las debilidades y de los desequilibrios macroeconómicos, estructurales y financieros que aquejan a los países miembros y a la economía mundial, actuando como obstáculo para el logro de un crecimiento económico sostenible sin inflación y con viabilidad externa?
  • ¿Son las recomendaciones que formulan tanto el Directorio Ejecutivo como el personal en materia de política económica pertinentes, realistas y oportunas?
  • ¿Qué repercusión tienen esas recomendaciones en los países miembros del FMI?
  • ¿Son apropiados los procedimientos de supervisión, los recursos y los conocimientos especializados de los funcionarios que se emplean, la interacción con las autoridades del país miembro y las formas en que se dan a conocer las conclusiones que deriva el Directorio de la supervisión?

Los especialistas externos comenzaron a trabajar en julio de 1998, y se prevé que el informe estará terminado en el tercer trimestre de 1999.

Supervisión bilateral

El FMI realiza consultas con los países miembros según se dispone en el Artículo IV del Convenio Constitutivo, habitualmente cada año, para examinar la política y la situación económica de cada uno de ellos. Un equipo de funcionarios del FMI visita el país, obtiene información económica y financiera, y analiza con las autoridades, en general con la participación del director ejecutivo por ese país, lo acontecido en el plano económico desde la visita anterior y las políticas monetaria, fiscal y estructural que sigue el país. Normalmente, los funcionarios preparan una declaración o un memorando que resume lo discutido con la misión y lo dejan en manos de las autoridades. Si el país decide darlo a conocer, el FMI publica esa declaración en Internet. Una vez de regreso a la sede, los funcionarios redactan un informe detallado en el que se describe la situación económica del país y se evalúa su posición en materia de política. Después, el Directorio examina ese informe. Las opiniones vertidas por los directores durante la reunión son resumidas por el Presidente del Directorio (el Director Gerente), y luego se dan a conocer como sus “observaciones finales”. El FMI envía estas observaciones al país a modo de acta de lo manifestado durante la reunión y, si el país está de acuerdo, también las publica, junto con ciertos antecedentes que sirven de introducción, como una nota de información al público. En 1998/99, el Directorio realizó 124 consultas del Artículo IV con países miembros, 91 de las cuales dieron como resultado la publicación de una de estas notas (véase el cuadro 4), que también pueden verse en Internet14.

Cuadro 4Consultas del Artículo IV concluidas en 1998/99
PaísReunión del DirectorioNota de información al público
Albania13-V-98
Alemania2-IX-9818-IX-98
Angola24-II-99
Arabia SauditaI-VII-98
Argelia24-VII-9824-VIII-98
Argentina3-III-9911-III-99
Australia28-X-9817-XI-98
Austria17-VI-9824-VI-98
Azerbaiyán26-VI-9817-VIII-98
Bangladesh28-X-98
Belarus24-VII-98
Bélgica12-II-998-III-99
Belice28-VIII-9822-IX-98
Benin6-VII-9823-X-98
Bolivia18-IX-982-X-98
Bosnia y Herzegovina29-V-9814-VII-98
Brunei Darussalam6-I-99
Bulgaria19-II-9910-III-99
Burkina Faso18-V-9812-VI-98
Burundi8-I-9928-I-99
Camboya17-III-996-IV-99
Camerún7-IV-9915-IV-99
Canadá22-I-995-II-99
Chad29-III-9914-V-99
Chile25-I-993-II-99
China, República Popular de29-VII-98
Chipre24-VII-9814-VIII-98
Colombia9-XII-9811-XII-98
Corea29-V-9819-VI-98
Croacia10-VII-9827-VII-98
Djibouti1-VI-98
Dominica25-VIII-9822-IX-98
Egipto11-I-99
Emiratos Árabes Unidos4-XI-98
Eritrea13-VII-98
Eslovenia7-I-9922-I-99
Estados Unidos3-VIII-987-VIII-98
Fiji14-IX-981-X-98
Finlandia28-VIII-9810-IX-98
Francia28-X-9811-XI-98
Gabón15-I-99
Georgia27-VII-9811-IX-98
Ghana2-XII-9812-I-99
Granada23-III-992-IV-99
Grecia5-VIII-9810-VIII-98
Guatemala27-V-98
Haití20-VII-9810-IX-98
Honduras14-IX-98
Hong Kong, RAE de29-I-9911-II-99
Hungría22-II-994-III-99
India31-VIII-9822-IX-98
Indonesia25-III-9913-IV-99
Irán, República Islámica del19-III-99
Irlanda14-X-9822-X-98
Islas Marshall26-VI-98
Islas Salomón10-VI-9816-VII-98
Israel12-III-9923-III-99
Jamaica15-VII-9810-VIII-98
Japón5-VIII-9813-VIII-98
Jordania15-IV-99
Kazajstán24-VI-981-VII-98
Kenya22-V-98
Kuwait29-I-9922-II-99
Libia25-II-99
Lituania13-VII-9821-VII-98
Luxemburgo13-V-981-VI-98
Macao25-III-997-V-99
Macedonia, ex República Yugoslava de19-VI-98
Madagascar8-II-992-III-99
Malawi17-XII-9830-XII-98
Malí10-II-9925-II-99
Mauricio1-VI-9829-VI-98
Mauritania29-I-99
México4-IX-98
Micronesia, Estados Federados de26-VI-9827-VIII-98
Mongolia23-XI-98
Myanmar5-VI-98
Namibia8-I-99
Nepal8-II-9924-II-99
Niger28-VIII-98
Nigeria12-VI-98
Noruega15-I-991-II-99
Omán10-VI-9821-VII-98
Países Bajos12-VI-9824-VI-98
Pakistán14-I-9927-I-99
Panamá16-XII-985-I-99
Paraguay8-I-9929-I-99
Perú3-VI-9822-VI-98
Polonia11-III-998-IV-99
Portugal26-X-982-XI-98
Reino Unido3-III-997-III-99
República Árabe Siria15-VI-98
República Centroafricana20-VII-9811-VIII-98
República Dem. Pop. Lao15-VI-987-VII-98
República Kirguisa3-III-9929-III-99
Rumania15-IX-986-X-98
Rwanda24-VI-981-IX-98
Samoa17-II-9912-III-99
San Marino25-II-9911-III-99
Santa Lucía23-III-998-IV-99
Santo Tomé y Príncipe13-VII-98
Senegal25-XI-98
Seychelles17-VII-98
Singapur15-III-9926-III-99
Sri Lanka27-VII-9812-VIII-98
Sudáfrica17-VII-982-IX-98
Suecia14-IX-9825-IX-98
Suiza22-II-991-III-99
Swazilandia11-I-998-III-99
Tailandia10-VI-9825-VI-98
Tanzania8-II-9931-III-99
Tayikistán17-XII-9821-XII-98
Tonga23-X-989-XI-98
Trinidad y Tabago15-VI-9824-VI-98
Túnez17-VI-9826-VI-98
Turkmenistán19-VI-98
Turquía6-VIII-9813-VIII-98
Ucrania26-III-9927-IV-99
Uruguay3-IX-9818-IX-98
Uzbekistán4-IX-98
Vanuatu5-VIII-9816-IX-98
Venezuela17-VI-98
Yemen, República del23-III-9915-IV-99
Zambia25-III-9929-IV-99

Además de las consultas del Artículo IV, el Directorio cumple tareas de supervisión cuando examina los acuerdos financieros vigentes en apoyo de los programas económicos de los países miembros y los acuerdos financieros de carácter precautorio. Hay otros medios de supervisión como la que realizan oficiosamente los funcionarios y el procedimiento de supervisión reforzada.

  • Acuerdos de carácter precautorio. Los países miembros convienen con el FMI un acuerdo de derecho de giro o un acuerdo ampliado, pero no se proponen utilizar los recursos comprometidos en virtud de estos acuerdos a menos que las circunstancias lo requieran. Empero, el país tiene el derecho de utilizar dichos recursos si ha cumplido las condiciones estipuladas en el acuerdo. Sirven de ayuda a los países miembros porque determinan un marco para la política económica y destacan que el FMI la respalda, fomentando de este modo la confianza en esta política. Asimismo, garantizan al país que los recursos del FMI estarán a su disposición si se necesitan y se han cumplido las condiciones estipuladas.
  • Programas de seguimiento oficioso. En el marco de estos programas, el personal del FMI vigila el programa económico del país y se reúne periódicamente con las autoridades con el fin de examinar la política que se aplica. Sin embargo, esto no significa que el FMI respalde oficialmente tal política o que ofrezca asistencia financiera (véase también el capítulo 7).
  • Supervisión reforzada. Significa un seguimiento atento y formal de parte del FMI, sin que ello entrañe respaldo oficial de la institución para la política económica del país miembro. Este procedimiento se estableció al principio para facilitar los acuerdos de reprogramación de la deuda frente a los bancos comerciales, pero también se ha utilizado en otros casos.

Supervisión mundial y regional

El Directorio Ejecutivo se reunió en tres ocasiones durante el ejercicio para examinar las perspectivas de la economía mundial y en otras dos para considerar informes sobre la evolución de los mercados internacionales de capital (véanse los capítulos 2 y 3). También en ese período, y en materia de supervisión regional, el Directorio consideró una multiplicidad de cuestiones relacionadas con la UEM y lo acontecido en la UEMOA.

Unión económica y monetaria europea

En abril de 1998, el Comité Provisional observó con satisfacción la creación de la unión económica y monetaria europea, uno de los acontecimientos más importantes en el plano monetario internacional desde la reunión de Bretton Woods. Se prevé que la UEM tenga una intensa repercusión en el sistema monetario internacional, en vista de que ofrece una economía dinámica e integrada de 300 millones de personas. Su moneda única—el euro—respaldada por una sólida política macroeconómica y un BCE decidido a mantener baja la inflación, promete llegar a ocupar el segundo lugar en importancia, detrás del dólar de EE.UU. Puesto que se anticipaban grandes cambios, el Comité Provisional solicitó al Directorio Ejecutivo que continúe examinando las repercusiones de la UEM en las operaciones del FMI.

En el curso de 1998/99 el Directorio se reunió en varias oportunidades para examinar cuestiones relacionadas con la UEM. Se analizaron los retos que habrá de enfrentar la zona del euro en materia de política económica; los aspectos operacionales y jurídicos de la UEM en el caso del FMI; las políticas monetaria y cambiaría en la zona del euro en el contexto de las consultas del Artículo IV con los países que pertenecen a ella y las relaciones con el BCE, así como el efecto que tendrá la UEM en algunos países que no pertenecen a ella.

Gama de opciones en la zona del euro

En una reunión celebrada en agosto de 1998, los directores examinaron las opciones de política que ha de afrontar la zona del euro. Observaron que en muchos aspectos las circunstancias eran favorables para la introducción del euro el 1 de enero de 1999, ya que la recuperación económica en esta zona parecía haber alcanzado un ritmo más intenso, impulsada por la demanda interna. Además, si se mantenían tanto la baja inflación como la reducción sustancial de los desequilibrios fiscales, sería más fácil para Europa lograr el mayor crecimiento que necesita para poder avanzar hacia la solución de su problema crónico de desempleo. Pero varios directores recalcaron que para bajar el desempleo hasta un nivel aceptable y asegurar que la UEM sea un éxito perdurable, queda mucho por hacer en lo que se refiere al mejoramiento de la flexibilidad de los mercados de trabajo y de productos. Habida cuenta de esta situación, el Directorio consideró distintas medidas que podrían consolidar más y aprovechar mejor todo lo logrado en convergencia económica hasta la fecha.

La zona del euro tiene todo lo necesario para hacer frente a lo retos que plantea la política económica, y tres pilares que garantizan su eficaz coordinación: el BCE y el mandato de estabilidad de los precios; el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) (véase el recuadro 7) en el que ha quedado plasmado el compromiso de aplicar una política fiscal acertada, y el marco multilateral para la supervisión de la política laboral aprobado durante las reuniones del Consejo de la Unión Europea (Consejo de Ministros) de junio de 1997 en Amsterdam, y en Luxemburgo poco más tarde en noviembre y diciembre del mismo año. En este sentido, los directores reconocieron que en materia de políticas fiscal y estructural la responsabilidad definitiva le compete al país.

Los directores estuvieron de acuerdo en que una de las principales dificultades con que se encontrará el BCE es el establecimiento de su credibilidad. Los sorprendentes resultados alcanzados por los bancos centrales nacionales en los últimos años han sentado las bases para mantener la confianza en este sentido, pero muchos directores se refirieron también a algunos de los problemas iniciales que planteará el establecimiento de un marco viable para la gestión de la política monetaria. El BCE deberá modificar sus instrumentos de política de una forma pragmática y, por lo tanto, será necesario explicar detenidamente, con frecuencia y de forma transparente los factores que influyen en sus políticas, a fin de que los mercados y el público en general puedan ver con claridad que sus acciones son consecuentes con la misión encomendada al BCE de mantener la estabilidad de precios en la zona del euro. Varios directores opinaron que las divergencias cíclicas probablemente no plantearán problemas graves para la gestión de la política monetaria; en todo caso disminuirán a medida que se vaya aplicando una política monetaria común y avance la integración económica.

La gestión de la política fiscal y estructural a nivel nacional tiene una importancia crítica, no sólo para las perspectivas económicas de cada país sino también para la zona del euro en su conjunto, puesto que las políticas nacionales tendrán sin duda efectos secundarios sobre otros países al repercutir en la política monetaria única y el tipo de cambio del euro. Varios directores observaron que ciertas economías que se encontraban en una etapa avanzada del ciclo estaban aplicando medidas fiscales expansionistas en 1998 o no estaban aprovechando suficientemente las condiciones cíclicas favorables para afianzar su política fiscal a mediano plazo. La aplicación de medidas fiscales más restrictivas en estos países ayudaría a evitar que aparezcan diferencias apreciables en la tasa de inflación y oscilaciones de los tipos de cambio real dentro de la UEM.

Permitir que la política fiscal cumpla una función anticíclica eficaz es importante para moderar las fluctuaciones coyunturales de la demanda a nivel nacional, lo que contribuiría a controlar las divergencias cíclicas en el futuro. Teniendo en cuenta las tendencias anteriores a la aplicación de medidas fiscales procíclicas, los directores estimaron esencial que se cumpla el objetivo del PEC porque da a los países cierto margen para hacer frente a las divergencias normales del ciclo, manteniendo al mismo tiempo el déficit del gobierno general por debajo del 3% del PIB.

De conformidad con el PEC, el mantenimiento de una situación presupuestaria a mediano plazo próxima al equilibrio era un objetivo adecuado en las circunstancias en que se encontraban en ese momento la mayoría de los países, aunque se justificaba una situación con superávit en unos pocos países. Si bien una meta fiscal a mediano plazo menos ambiciosa podría ser suficiente a fin de dejar margen para que funcionen los estabilizadores automáticos en caso de fluctuaciones cíclicas normales, hay una serie de consideraciones que justifican ir más allá, como, por ejemplo, la conveniencia de dejar una latitud adecuada para la aplicación de medidas anticíclicas discrecionales y un cierto margen para hacer frente a las perturbaciones de las tasas de interés, la incertidumbre general con respecto a la medición de las brechas entre el producto efectivo y el potencial, y el mejoramiento de la situación de las finanzas públicas para hacer frente a los problemas a más largo plazo que plantea el envejecimiento de la población.

Aunque se observaron algunas diferencias entre los países, en los últimos años el proceso de convergencia ha hecho que la zona del euro se vaya acercando mucho más a una situación satisfactoria a mediano plazo. Sin embargo, el deterioro de los saldos estructurales primarios del gobierno general proyectados, sobre todo de 1998, demostró que aún existe el riesgo importante de que algunos países no logren el objetivo a mediano plazo estipulado en el PEC, y que algunos responsables de la política económica puedan centrarse demasiado en los déficit efectivos y no en los déficit ajustados en función del ciclo, lo que los llevaría a adoptar medidas expansionistas durante las fases ascendentes de la economía.

En estas circunstancias, los directores estimaron que los gobiernos debían demostrar de forma convincente, en los presupuestos para 1999 y en los programas de estabilidad que éstos tenían que presentar al Ecofin a finales de 1998, que se restablecerán las situaciones fiscales de acuerdo con el objetivo a mediano plazo de lograr una posición próxima al equilibrio o con superávit a más tardar en el año 2001. Esto tiene particular importancia en el caso de los países con altos niveles de deuda pública. Es un objetivo que entraña un ritmo relativamente moderado de ajuste fiscal, lo que brinda la oportunidad de centrarse además en la reforma de los sistemas fiscales, incluidos los planes de pensiones y de asistencia social, en el marco de un amplio programa de reformas estructurales orientado a luchar contra las causas fundamentales del alto nivel de desempleo de Europa y las bajas tasas de participación laboral. Los directores señalaron que las reformas del gasto podrían afectar directamente al desarrollo del mercado de trabajo, pero consideraron que éstas son esenciales para disponer de cierto margen de maniobra que permita reducir los impuestos y las contribuciones a la seguridad social. Al principio, en opinión del Directorio, las reformas deberían centrarse en la reducción de los gastos primarios.

Recuadro 7El Pacto de Estabilidad y Crecimiento

En junio de 1997, el Consejo de la Unión Europea terminó de negociar el PEC, cuya finalidad es garantizar la disciplina presupuestaria que aplican los países miembros en la última etapa de la UEM. El PEC abarca tanto la puesta en práctica del procedimiento que se especifica en el Tratado de Maastricht para el déficit excesivo como la supervisión de la política fiscal a mediano plazo.

Con arreglo a dicho procedimiento, se considerará que los países de la UE que no cumplan con el valor de referencia del 3% del PIB para el déficit público tienen un déficit excesivo, salvo que medien condiciones excepcionales; recibirán entonces asesoramiento del Ecofin en cuanto a la manera en que debe corregirse el déficit. Si el asesoramiento no se sigue debidamente, se aplicarán multas a los países de la zona del euro.

Se prevé asimismo que los países presenten programas sobre la estabilidad a mediano plazo, que se actualizarán anualmente y que identificarán la forma en que los gobiernos planean cumplir y mantener el objetivo a medio plazo determinado en el PEC. Ese objetivo es que la posición de las cuentas públicas ha de estar equilibrada o arrojar superávit.

Durante las deliberaciones realizadas en el mes de agosto de 1998, los directores subrayaron la importancia de complementar las reformas fiscales con otros cambios estructurales que den mayor flexibilidad a la economía real. Hicieron hincapié en que era preciso acelerar las medidas orientadas a mejorar la flexibilidad de los mercados de trabajo y de productos a fin de reducir el alto nivel de desempleo estructural. Muchos directores observaron que los países habían avanzado en la reducción de las rigideces estructurales, pero en la mayoría de ellos el progreso realizado no ha sido suficiente y, por lo tanto, no han tenido un impacto visible sobre el desempleo estructural. Los directores también observaron que es esencial que las estructuras institucionales y de mercado sean lo suficientemente flexibles para hacer frente a perturbaciones asimétricas.

Habida cuenta del papel clave que desempeñan las autoridades económicas nacionales en la formulación de la política económica global de la zona del euro y de la posibilidad de que se produzcan los consiguientes efectos secundarios, los directores hicieron hincapié en la importancia de lograr una coordinación eficaz de la política económica nacional. Sin embargo, algunos directores consideraron que los procedimientos utilizados en la UE, reforzados por el PEC, permiten equilibrar adecuadamente la necesidad de limitar los efectos secundarios de la política y la necesidad de dejar cierto margen para adaptarla a las circunstancias nacionales. Los directores destacaron el papel que puede cumplir la supervisión regional que ejerce el FMI para que se apliquen medidas acertadas en combinaciones adecuadas, y que esta tarea tiene que complementarse con las consultas individuales del FMI con cada país.

Al considerar la evolución de las tasas de interés en el futuro, los directores observaron que, en la zona del euro en su conjunto, la recuperación centrada en la absorción de la capacidad económica ociosa (a finales de agosto de 1998) se encontraba aún en sus etapas iniciales y persistía un margen considerable de recursos sin utilizar. Además, la inflación de los precios seguía siendo moderada, la evolución de los salarios y los agregados monetarios no era motivo de gran preocupación con respecto a las perspectivas de la inflación, y el nivel históricamente bajo de las tasas de interés a largo plazo indicaba que el temor a la inflación también había desaparecido de los mercados. Estas consideraciones por sí solas justifican que se mantengan tasas de interés a corto plazo estables en los países principales del mecanismo de tipos de cambio (MTC), dado que las tasas en otros países de la zona del euro convergen hacia este nivel. También se refirieron a los riesgos de deterioro de la situación derivados de las dificultades que atraviesan Rusia y Asia, y a la continua fragilidad de varios mercados emergentes, lo que justificaría no adoptar, antes de lo previsto, una política monetaria más restrictiva. Por consiguiente, sería conveniente no elevar las tasas de interés hasta que se haya consolidado más la recuperación y se tenga una idea más clara del efecto de los factores externos. En estas circunstancias, los directores coincidieron en que el enfoque adecuado con respecto a las tasas de interés es esperar y ver lo que ocurre.

Aspectos operativos y jurídicos para el FMI

En septiembre de 1998, el Directorio examinó los aspectos operativos y jurídicos de la UEM para el FMI; señaló que el FMI es una institución fundada sobre la base de países y que la transferencia de las facultades monetarias de los países miembros de la zona del euro a instituciones de la UEM no afecta las relaciones jurídicas de los países con el FMI, de conformidad con el Convenio Constitutivo. Los países miembros de la zona del euro podrán seguir siendo individualmente miembros del FMI. No obstante, los directores señalaron que el ejercicio de los derechos individuales y el cumplimiento de las obligaciones por parte de los países miembros podrían verse afectados por la adopción de una moneda común y el traspaso de competencias a instituciones comunes pertenecientes a la zona del euro.

Con respecto a los aspectos operativos de la UEM en el caso de la supervisión del FMI, los directores indicaron que la UEM, y en particular la adopción de una política monetaria única bajo la tutela de un BCE independiente, tendrá importantes consecuencias para la supervisión que ejerce el FMI. La política económica de la zona del euro tendrá efectos importantes sobre otros países, y los directores convinieron en que la obligación que tiene el FMI de ejercer una firme supervisión sobre las políticas externa y cambiaria de los países miembros exigirá intensificar las conversaciones con la UE y las instituciones de la zona del euro, sobre todo con el BCE.

Los directores convinieron en que, si bien las consultas del Artículo IV con los países miembros de la zona del euro procederían en la forma habitual, no sería posible darlas por terminadas sin antes examinar algunas políticas básicas como la monetaria y la cambiaría que son competencia del FMI en virtud de su misión. En consecuencia, se decidió que los contactos con los representantes de las instituciones pertinentes de la UE—el BCE y también el Consejo de Ministros y el Ecofin, sobre todo en asuntos relacionados con la combinación de medidas y el tipo de cambio—se realizarán en el marco de las consultas del Artículo IV con cada uno de los países de la zona del euro. Las modalidades que se contemplaron incluían exámenes semestrales del personal con las instituciones de la UE que tienen a su cargo la elaboración de una política común en la zona del euro, así como un informe anual del personal del FMI y discusión en el Directorio de las políticas monetaria y cambiaria de la zona del euro en el contexto de las consultas del Artículo IV con estos países. Si fuera posible, los exámenes individuales con los países de la zona del euro se realizarán en fechas próximas a las reuniones que se celebren con las instituciones de la UE.

En cuanto a la transparencia de la supervisión que el FMI ejercerá sobre la UEM, los directores convinieron en que se podrían publicar, con sujeción al consentimiento de los países miembros interesados, notas de información al público al término de las deliberaciones del Directorio Ejecutivo sobre la supervisión de la zona del euro.

Los directores coincidieron en que, para mejorar la supervisión del FMI sobre la zona del euro, será importante conocer debidamente las opiniones de las instituciones pertinentes de la UE durante las deliberaciones del Directorio Ejecutivo, y pidieron que se conceda al BCE la calidad de observador en el FMI (véase el recuadro 8). Los directores resaltaron las consecuencias que tiene la transición al euro en lo que respecta al suministro de datos e información nacionales y regionales al FMI e impartieron instrucciones al personal para que disponga los arreglos necesarios, sobre todo con el BCE y la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat), para que se transfiera un conjunto de datos con regularidad y puntualidad.

Políticas monetaria y cambiaría en la zona del euro

En marzo de 1999, con posterioridad a la introducción del euro el 1 de enero de ese año, los directores ejecutivos examinaron por primera vez las políticas monetaria y cambiaria de la zona del euro en el marco de las consultas del Artículo IV con los países de esta zona. La UEM brinda a los países participantes y a la economía mundial la posibilidad de lograr una mayor estabilidad económica y mejores resultados económicos. Las autoridades nacionales en la zona del euro ya han avanzado mucho en el establecimiento de las bases que permitirán obtener estos logros: se ha dispuesto un marco sólido para la aplicación de las políticas fiscal y monetaria; se ha logrado la estabilidad de precios, y parece que ésta podrá mantenerse en el futuro previsible; se ha avanzado en el saneamiento de las finanzas públicas a fin de cumplir los criterios de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht, y el programa del mercado interior ha contribuido en gran medida a reforzar la integración de los mercados en la UE. Sin embargo, persisten dificultades importantes. Concretamente, es necesario seguir avanzando en el ámbito del ajuste fiscal, y las autoridades nacionales deben hacer frente cuanto antes a las rigideces estructurales que obstaculizan la creación de empleo y el crecimiento de la economía.

Las tareas que tienen por delante los responsables de la política económica de la zona del euro son ahora más difíciles debido al deterioro de las perspectivas de crecimiento a corto plazo a lo largo de los últimos seis meses. Si bien es importante concentrarse firmemente en las necesidades a mediano plazo, es esencial al mismo tiempo armonizar la política económica de forma adecuada a fin de respaldar la demanda interna. Es necesario que la demanda interna de la zona del euro registre un crecimiento vigoroso durante un período prolongado a fin de cerrar la considerable brecha del producto y absorber el componente cíclico del desempleo. Además, la mayoría de los directores consideraron que la zona del euro debe desempeñar un papel más destacado en respaldo de la demanda mundial.

Los directores estimaron que, en un contexto de firme estabilidad de los precios y dado que existe un margen de maniobra limitado para el funcionamiento de los estabilizadores fiscales automáticos en muchos países de la zona del euro debido a la necesidad de reforzar el ajuste fiscal, cualquier flexibilización deberá basarse en la política monetaria. Observaron que las tasas de interés a corto plazo de la zona del euro se redujeron considerablemente el año pasado, respaldando de forma positiva la actividad económica. Consideraron que desde hace algunos meses se justifica en mayor medida una nueva reducción de las tasas de interés, habida cuenta de la incertidumbre que subsiste con respecto a la solidez de la recuperación económica prevista en la zona del euro, la intensificación de los riesgos económicos a escala mundial, y la persistencia de presiones a la baja de la inflación en la zona del euro. Todos los directores estuvieron de acuerdo en que el BCE debe actuar con decisión si hay indicios de que persiste la desaceleración económica. Concretamente, consideraron que se justificaría sin duda una reducción de las tasas de interés si se deteriora aún más el entorno mundial, si se debilita considerablemente la confianza de los consumidores o si no se observa una recuperación de la confianza en el sector industrial.

Recuadro 8El FMI concede la condición de observador al BCE

El 22 de diciembre de 1998, el Directorio Ejecutivo anunció que el 1 de enero de 1999 concedería al BCE la condición de observador en el FMI, y se invitó al BCE para que envíe un representante a las reuniones del Directorio en las que se examinen:

  • La supervisión que ejerce el FMI en el marco del Artículo IV sobre las políticas monetaria y cambiaria comunes de la zona del euro.
  • La supervisión que ejerce el FMI en el marco del Artículo IV sobre la política económica de los países miembros de la zona del euro.
  • La función del euro en el sistema monetario internacional.
  • El estudio sobre perspectivas de la economía mundial.
  • Los informes sobre los mercados internacionales de capital.
  • Las tendencias económicas mundiales y de los mercados internacionales.

Además se invitó al BCE para que envíe un representante a las reuniones del Directorio Ejecutivo en que se traten aspectos que el BCE y el FMI consideren de interés mutuo para la ejecución de sus respectivos cometidos.

Los directores opinaron que la depreciación del euro desde su introducción refleja la persistente solidez de la economía estadounidense y la incertidumbre que subsiste con respecto a las perspectivas económicas de la zona del euro.

Los directores subrayaron que, en vista de la incertidumbre con respecto a la evolución de la zona del euro y de la economía mundial, es especialmente importante que en las primeras etapas del BCE el público entienda y tenga confianza en el marco monetario. Los directores encomiaron en general la labor realizada en el ámbito de la formulación de un enfoque para la política monetaria del BCE, que consideraron acertado y pragmático habida cuenta de la incertidumbre imperante con respecto al cambio de régimen. Varios directores opinaron que el BCE debe especificar un límite inferior explícito de la inflación, señalando que ello contribuiría a mejorar la disciplina y la rendición de cuentas en materia de política económica. El BCE ha realizado progresos importantes en el ámbito de la comunicación con el público, y los directores instaron a dicha institución a que refuerce su estrategia de comunicación. Concretamente, muchos directores consideraron que el BCE debe proporcionar información más detallada sobre su evaluación de las perspectivas de la inflación, y ser más abierto a la hora de explicar cómo adaptará la política monetaria a la evolución de la situación económica, incluidas las variaciones de la inflación dentro de la gama que define la estabilidad de precios. Unos pocos directores indicaron que hay límites en cuanto a lo que podría transmitirse mediante este tipo de declaración de intenciones, dadas las consideraciones complejas que intervienen en las decisiones de política monetaria, y que el público entendería mejor la política monetaria del BCE viendo cómo actúa y escuchando las explicaciones del BCE con respecto a sus actuaciones.

Muchos directores observaron que para las autoridades fiscales también es importante entender cómo responderá probablemente el BCE a la evolución macroeconómica, a fin de determinar la orientación adecuada de la política fiscal. Si bien esta orientación dependerá en cada país de una gama de consideraciones económicas que se analizarán en el marco de la consulta individual del Artículo IV, la necesidad de seguir avanzando en el saneamiento de las finanzas públicas en varios países de la zona del euro, sobre todo los que registran déficit o deudas relativamente grandes, y la falta de ajustes fiscales básicos en 1998 y en los presupuestos para 1999, limitan la medida en que podrían funcionar los estabilizadores automáticos ante una desaceleración de la actividad económica. Al mismo tiempo, el uso adecuado de los estabilizadores dependerá asimismo del ritmo de la actividad económica y del grado de respaldo que brinde la política monetaria. Los directores subrayaron en general que en el actual entorno macroeconómico incierto es especialmente importante que la combinación de políticas fiscales y monetarias fomente un nivel adecuado de demanda agregada en la zona del euro.

Sin embargo, la gestión de la demanda por sí sola no permitiría acelerar el crecimiento y resolver el problema del alto desempleo que ha afectado profundamente a la zona del euro. Para reducir considerablemente el desempleo es necesario aplicar reformas enérgicas del gasto público y de los sistemas tributarios y luchar firmemente contra las rigideces estructurales. Además, la pronta aplicación de medidas en estos frentes contribuiría a reforzar la confianza y facilitaría la tarea de los responsables de la política económica de hacer frente a las actuales dificultades cíclicas.

Muchos directores observaron que los programas de estabilidad a mediano plazo de los países se basan en general en mejoras cíclicas y en la reducción de los gastos por concepto de intereses a fin de lograr una mayor reducción de los déficit fiscales, y que no incluyen siquiera los ajustes anuales relativamente moderados de los saldos estructurales primarios que permitirían alcanzar una situación presupuestaria equilibrada en el período 2001-02. Además, los recortes moderados del gasto previstos por la mayoría de los países no dejan margen de maniobra suficiente para reducir los impuestos. Estos directores hicieron hincapié en que la aplicación de estrategias fiscales a mediano plazo más enérgicas fomentaría la credibilidad del PEC, concedería a las autoridades monetarias un mayor margen de maniobra y ayudaría a los países a prepararse para hacer frente a los efectos del envejecimiento demográfico.

En el ámbito de la reforma estructural, algunos países ya han logrado grandes avances en la modificación del mercado de trabajo y se han realizado algunos progresos importantes en los últimos años en el fortalecimiento del mercado interior de la UE, como la mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones y la liberalización del sector de servicios. Sin embargo, el progreso realizado en la lucha contra las causas fundamentales del alto nivel de desempleo ha sido desalentador. Los países deben capacitar al gran número de trabajadores no calificados, muchos de los cuales son desempleados de larga duración; hacer frente a las profundas rigideces en los mercados de trabajo y de productos; aliviar la pesada carga impositiva sobre la población activa, y reducir los desincentivos derivados de la relación entre las generosas prestaciones por desempleo y ayudas sociales, su larga duración y las evaluaciones deficientes de la disponibilidad de trabajo para las personas que reciben prestaciones. Unos cuantos directores hicieron hincapié asimismo en la necesidad de una mayor liberalización del comercio, sobre todo en el sector agrícola, lo que contribuiría a una asignación más eficiente de recursos y facilitaría la tarea de mantener la estabilidad de precios.

Los directores consideraron positivo el hecho de que el BCE estime que las instituciones financieras de la zona del euro se encuentran en una situación financiera sólida frente a la reciente crisis financiera mundial, y de que no ha habido indicios de una contracción del crédito. Sin embargo, dada la integración creciente de los mercados financieros europeos y el gran auge de operaciones complejas, es necesario examinar si los acuerdos vigentes permitirían hacer frente de forma eficaz a problemas financieros repentinos en los mercados europeos. En este sentido, es particularmente importante asegurar la transmisión rápida y eficiente de información entre las autoridades nacionales de supervisión y el sistema bancario central europeo.

El 27 de abril de 1999, el Comité Provisional expresó su satisfacción por la puesta en marcha de la UEM, que debería contribuir a la estabilidad financiera y al crecimiento sostenible en la zona del euro y a escala mundial, y aplaudió la reducción de las tres tasas de interés principales efectuada a principios de abril por el BCE. El Comité hizo hincapié en la importancia de que los mercados sean abiertos y competitivos como elemento clave de las medidas para mantener el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial. Los miembros del Comité instaron a los países de la zona del euro a erradicar las causas del elevado desempleo. Es esencial aplicar una combinación de medidas apropiada para apoyar un fortalecimiento de la demanda interna, acompañada de reformas estructurales en los mercados de trabajo, capital y bienes, a fin de estimular el crecimiento y mejorar las perspectivas de empleo, sobre todo a mediano plazo, de modo que la zona del euro se convierta en una importante fuente de crecimiento para la economía mundial.

Repercusiones de la UEM en países seleccionados

En julio de 1998, el Directorio consideró los efectos que tiene la creación de la UEM en determinados países que no forman parte de la Unión Europea: Europa central y oriental, la cuenca del Mediterráneo y la zona del franco CFA15. Los directores tomaron nota de los significativos beneficios a mediano plazo que tendrá la UEM en los países no pertenecientes a la UE, pero destacaron que estos países deben tomar medidas financieras y estructurales que minimicen los riesgos y al mismo tiempo aumenten al máximo las oportunidades que se abrirán con la introducción del euro. Es posible que baje el costo de las transacciones en la zona del euro, y para mitigar las desviaciones que tal vez esto produzca en el comercio exterior y en las inversiones, los países que no utilizan esta moneda tendrían que intensificar las reformas estructurales orientadas a aumentar la apertura y la competitividad de sus economías. La mayor competencia de los mercados financieros de la UE también influirá para que los países que comercian con la UEM pero no pertenecen a ella tengan que afianzar las reformas en el sector financiero.

Varios directores manifestaron que en el caso de los países que deseen ingresar en la UE habrá que dar alta prioridad a la liberalización de la cuenta de capital. En este sentido, destacaron que es necesario que la liberalización se realice ordenadamente y en la secuencia adecuada y que se dé preponderancia a la reestructuración del sector financiero. Asimismo, el Directorio destacó que es importante que los países de la UE mantengan, por su parte, regímenes abiertos de comercio que amplíen y ahonden las relaciones que sostienen con otros países en materia de comercio y de inversión. En cuanto al posible riesgo de que la volatilidad de los tipos de cambio a corto plazo pueda afectar a los países que tienen una estrecha vinculación comercial con la UEM o una deuda grande denominada en euros, los directores opinaron en general que no es ésta una causa importante de preocupación porque probablemente se mantendrá firme la credibilidad en la política monetaria de la UEM.

Los directores mostraron sumo interés en seguir examinando la repercusiones de la UEM en el caso de la supervisión del FMI e indicaron que, en el cumplimiento de esta función en los países miembros que forman parte de la zona del euro, habrá que abordar en forma más explícita los posibles efectos secundarios, sobre todo en lo que se refiere a tratar de eliminar la rigidez estructural y mantener una orientación fiscal más estricta. Consideraron también que habrá que prestar una mayor atención a las repercusiones que puedan tener los cambios de la situación económica y financiera de la zona del euro en los países no pertenecientes a la UE y a las cuestiones relativas al sector financiero. En ciertos casos, la mayor integración de la economía mundial quizá signifique que conviene concentrar la atención en el régimen cambiario que se elige. Dado que la UEM y las normas de acceso a la UE limitan el marco, el diseño y las repercusiones de la política macroeconómica para los países que quieran ingresar a la UE, los directores convinieron en que el FMI podría ayudarlos en el ejercicio de su función de supervisión ofreciéndoles un adecuado asesoramiento acerca de las reformas estructurales y macroeconómicas complementarias, incluso acerca del establecimiento de un marco jurídico e institucional y de las medidas que pueden tomarse para aumentar la flexibilidad de los mercados.

Unión Económica y Monetaria de África Occidental

Los directores ejecutivos se reunieron en mayo de 1998, con el fin de examinar la intensificación de la supervisión en África entablando un diálogo oficial entre el FMI y las instituciones regionales de la UEMOA. El desempeño económico de los países miembros de la UEMOA ha mejorado después de la devaluación del franco CFA en enero de 1994; no obstante, los directores opinaron que el desempeño sólo seguirá siendo favorable si se aplica una política macroeconómica acertada y se profundizan las reformas estructurales. Destacaron que es importante seguir tratando de obtener inversiones, sobre todo privadas, porque se han mantenido bajas en relación con el PIB según los niveles en otros países en desarrollo.

El postergado reajuste de los tipos de cambio de 1994 ha contribuido a mejorar la posición competitiva de la región y ha producido una marcada intensificación del aumento del producto y de las exportaciones. Los directores observaron también que, si bien desde 1994 se ha notado una tendencia a la valorización del tipo de cambio real, la posición competitiva de la UEMOA sigue siendo adecuada en términos generales. Sin embargo, habría que seguir vigilando la evolución de los indicadores de competitividad. Por otra parte, varios directores reconocieron que la liberalización del comercio puede afectar adversamente la posición de la balanza de pagos de un país, efectos todos estos que influirán al evaluar la necesidad de prestar asistencia para la balanza de pagos en el contexto de un amplio programa de ajuste.

Recuadro 9Conferencia sobre la transición

El FMI organizó del 1 al 3 de febrero de 1999 una conferencia llamada “A Decade of Transítion: Achievements and Challenges”, sobre la transición en Europa central y oriental. En la reunión se analizó la experiencia acumulada en los diez años transcurridos hasta la fecha en materia de transición, con la idea de aprovecharla y plasmarla en medidas económicas y reformas más eficaces para un grupo cada vez más diverso de economías en transición.

El Director Gerente del FMI, Michel Camdessus, abrió la conferencia examinando el legado de estos últimos diez años de transición, considerando los planes para el futuro y destacando que es importante lograr el cumplimiento de las leyes, centrándose a continuación en las cuestiones que se plantearán en años venideros.

En la primera sesión se examinó lo acontecido en materia de inflación y crecimiento. En los países en transición de Europa se había logrado una enorme reducción de la inflación a principios de los años noventa, que permitió un sólido crecimiento del producto. Casi todas estas economías, sobre todo las de los países bálticos y de Europa central, habían seguido creciendo bien y, en la actualidad, enfrentan problemas semejantes a los de las economías de mercado de ingreso mediano, aunque les queda todavía por delante una larga lista de reformas inconclusas. En todos los países en transición, el objetivo ha de ser la implantación de una buena gestión de gobierno en el terreno de la economía; en muchos de ellos el Estado no ha renunciado lo suficiente a intervenir en la actividad económica pero tampoco ha hecho todo lo necesario para garantizar la ley y el orden. Las tasas de crecimiento de las economías en transición de Asia (China, Mongolia, República Democrática Popular Lao y Vietnam) han sido superiores en general a las de los países de Europa central y oriental.

El crecimiento ha sido más rápido en los sectores en que se han aplicado reformas de mayor alcance, sobre todo en la agricultura, y en estos países la situación de partida ha sido más favorable que en los de Europa, concretamente las dimensiones relativamente grandes del sector agrícola y los excedentes de mano de obra rural.

En la segunda sesión, dedicada a las reformas estructurales, los participantes llegaron a la conclusión de que la privatización ha mejorado en general el desempeño de las empresas a nivel financiero y de operaciones, pero la falta de homogeneidad en la trayectoria (en especial en los países de la antigua Unión Soviética) ha planteado algunos interrogantes con respecto a los métodos y los resultados. Los oradores convinieron en que no hay alternativa para la privatización, y que el Estado ha de encauzar toda su energía para que sea más eficaz, por ejemplo, tratando de aumentar el capital y vender las empresas a inversionistas estratégicos. En cuanto a la reestructuración bancaria, se identificaron los tres pilares en que debe apoyarse para ser eficaz: buena gestión empresarial, competencia, y reglamentación y supervisión prudenciales. Estas dos últimas no son óptimas en los países de la región, pero sí pueden observarse varios rasgos comunes en los países que mejores resultados han obtenido, como una legislación eficaz en materia de acceso y salida de los bancos nacionales y extranjeros en la etapa de liberalización, y la participación de nuevos bancos comerciales privados. También pueden observarse algunas características comunes en los países que no han obtenido buenos resultados con la reforma del sector bancario, por ejemplo, falta de competencia, baja calidad de los activos, falta de experiencia específica en algunos sectores, alta participación del Estado en la propiedad, escasa concesión de préstamos a las empresas e inestabilidad del entorno macroeconómico.

En la tercera sesión se trató el asunto de la importancia de contar con instituciones que respalden una economía de mercado en los países en transición. Los oradores mencionaron que el total de la entrada de capital a los países en transición ha alcanzado un nivel significativo, y que el recurso al financiamiento excepcional en las primeras etapas ha dado paso a la entrada de inversión extranjera y otros flujos de capital, que sin duda se intensifican si hay un entorno jurídico y político propicio.

Los oradores mencionaron que cuando un país se encuentra en proceso de transición la función del Estado se modifica, y en el ajuste el primer paso es la terapia de choque, pero después viene lo más difícil: el lento proceso de ir creando nuevas instituciones, modificando los incentivos y reconfigurando cabalmente la función pública.

Se examinó también la economía sumergida que, en varios países de la antigua Unión Soviética podrían representar más del 40% del PIB total, mientras que en muchos otros llegaría a más del 20%. Dijeron los participantes que no son las elevadas tasas impositivas lo que impulsa a las empresas a sumergirse, sino el exceso de normas discrecionales, el insuficiente respeto a la ley y el problema de la corrupción. Para romper este círculo en que la discrecionalidad de la reglamentación da lugar a la actividad oculta de las empresas, al descenso del ingreso público, al debilitamiento de las instituciones jurídicas y, en consecuencia, a un mayor número de casos de corrupción, los gobiernos tienen que reducir esa discrecionalidad, reformar su burocracia, simplificar y hacer cumplir las leyes, crear un poder judicial independiente y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas al público.

La transición a una economía de mercado ha venido acompañada de un fuerte aumento de la desigualdad del ingreso, ya que el ingreso de los trabajadores autónomos y las rentas de la propiedad (tradicionalmente desiguales) representan ahora un porcentaje mayor del ingreso nacional; además, un segmento de los antiguos funcionarios estatales sigue desempleado y las transferencias sociales a veces no llegan a los pobres.

Al término de esta conferencia de tres días, quedó claro que la diversidad de la experiencia de las economías en transición en el terreno de la privatización, la desigualdad del ingreso y los requerimientos institucionales era cada vez mayor (en parte debido a diferencias históricas y geográficas) y que, si bien se reconocía que hacía falta lograr la estabilización de la macroeconomía, esto no era más que un primer paso en el proceso de transición. La etapa siguiente y crucial para estos países es fortalecer—o crear—la infraestructura jurídica, fiscal y reglamentaria, así como los incentivos, que necesita una economía de mercado para funcionar.

Shigemitsu Sugisaki, Subdirector Gerente del FMI, resumió la conferencia destacando algunos temas principales:

  • La estabilidad fiscal y monetaria es condición indispensable para lograr la transición.
  • Un sector financiero sólido es un componente esencial de la estabilidad macroeconómica.
  • La privatización es un elemento clave en la formación de una economía de mercado viable.
  • Las medidas para corregir la desigualdad del ingreso son cada vez más importantes.
  • Dentro del proceso de transición, lo más importante es la creación de instituciones que respalden una economía de mercado, tarea compleja y que absorbe mucho tiempo.

La política monetaria del Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO) ha hecho su aporte a la estabilidad macroeconómica de la región, incluida la del vínculo del tipo de cambio, que sólo se ha modificado una vez desde 1948. Hubo acuerdo general acerca de las limitaciones que impone el régimen de tipo de cambio fijo a la política monetaria de la región y de la falta de posibilidades en cuanto a esta política a nivel nacional. Si bien los directores coincidieron en que los instrumentos indirectos de política monetaria que comenzaron a utilizarse a partir de 1993 parecen adecuados en términos generales, destacaron que es importante seguir tratando de aumentar su eficacia. Reconocieron también la función que cumplen los topes para el financiamiento monetario del Estado, así como la necesidad de cumplirlos estrictamente en el contexto del saneamiento de las finanzas públicas.

El mejor funcionamiento del mercado interbancario regional, la adopción de un único acuerdo de licencia para los bancos de la Unión y una mayor competencia son factores que influirán beneficiosamente en la calidad de la intermediación financiera en la UEMOA. Los directores subrayaron de igual modo que es esencial mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Aunque reconocieron que la calidad de la supervisión bancaria en la UEMOA es en general adecuada, recalcaron que habrá que completar con prontitud los programas de reestructuración bancaria que se han iniciado en varios países, y que los gobiernos deberán tratar de lograr la privatización total del sistema bancario y de elevar el coeficiente de capital al nivel internacional.

El Directorio respaldó las medidas tomadas por los países de la UEMOA para liberalizar el régimen de comercio de la región por medio de la adopción de un arancel exterior común, que entrará en plena vigencia en enero de 2000, y manifestó que sin duda ayudará a elevar el producto potencial de la Unión en su totalidad gracias a la mejora tanto de la productividad como de la competencia, y a la mayor integración de la región en la economía mundial. Los directores consideraron que los déficit en los ingresos públicos producidos por los intentos de liberalización del comercio, en especial la implantación del nuevo arancel exterior, tendrán que superarse primordialmente eliminando las exenciones impositivas y de derechos de aduana y procurando reforzar la recaudación y la administración de los impuestos.

Los directores mostraron su satisfacción por la labor emprendida para armonizar la tributación indirecta y adoptar un código de inversión común con el fin de eliminar, o al menos reducir sustancialmente, las exenciones a los derechos de aduana o al impuesto al valor agregado. Alentaron también a las autoridades para que continúen con otras actividades tendentes a mejorar el clima general para el sector empresarial.

El Directorio exhortó a los gobiernos a continuar promoviendo el desempeño económico para alcanzar la convergencia en el ámbito regional, de conformidad con las disposiciones del tratado de la UEMOA. Aunque mencionaron el progreso logrado en los dos últimos años en la aplicación de estos criterios de convergencia en el equilibrio fiscal, el aporte nacional a la inversión pública y la reducción de los atrasos en los pagos, los directores instaron a ampliar la convergencia para promover la estabilidad y el crecimiento. Mostraron su satisfacción por el esfuerzo realizado en pro de la creación de un marco presupuestario común y un conjunto de indicadores económicos comparables, y destacaron que las mejoras logradas en cuanto a la presentación de datos puntuales y fiables sobre las cuentas nacionales, la deuda interna y la balanza de pagos permitían realizar una mejor supervisión.

El caso de las economías en transición

En noviembre de 1998, el Directorio Ejecutivo examinó la evolución del crecimiento y la desinflación en las economías en transición. Los directores mencionaron que en estos países el grado de recuperación económica ha sido dispar y que se encuentran en distintas etapas de la transición (véase el recuadro 9). En el caso de varios países bálticos y de Europa central se ha avanzado mucho en el proceso de transición gracias al progreso alcanzado en la reforma estructural, y sus dificultades y problemas económicos se van asemejando más y más a los que enfrentan las economías de mercado de ingreso mediano. Por otra parte, en la mayoría de los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y en cierta medida de los de Europa sudoriental queda todavía por concretar un largo programa de reformas de mercado.

Los directores observaron que en algunos de los países bálticos y de Europa central—como Polonia, Hungría, Estonia y Letonia—la recuperación de la economía avanza con una celeridad superior a la prevista, con el riesgo consiguiente de que se produzca recalentamiento y surja una corriente inversa de flujos de capital. En el futuro, el crecimiento tendrá que depender más de la movilización del ahorro y de su eficiente intermediación por el sector financiero, y para ello el sistema bancario deberá contar con una base sólida. También será indispensable racionalizar, y quizá reducir, los programas sociales todavía costosos, pero asegurando al mismo tiempo la adopción de medidas adecuadas de protección social.

Con respecto a la CEI y un poco también en países de Europa sudoriental, las tareas que se tienen entre manos van desde la finalización de la privatización en gran escala y una decidida imposición de estrictos límites presupuestarios en Bulgaria (y aún más en Rumania) hasta poner en marcha enérgicamente la reforma en Belarús y Turkmenistán y reiniciarla en Uzbekistán. Es necesario persistir, sobre todo en el debido seguimiento en ciertas esferas de la reforma fiscal y del sector financiero. La privatización es un instrumento clave para lograr la eficiencia y seguir creciendo, pero sólo se llegará a esta meta si los países pueden imponer estrictos límites presupuestarios y establecen un marco jurídico que garantice la protección de los derechos de propiedad y el respeto del ordenamiento jurídico.

Los directores reconocieron que en muchas economías en transición se había logrado una rápida desinflación durante 1993-97, con un costo mínimo para el producto, gracias a las enérgicas medidas de estabilización que se habían tomado en una etapa relativamente temprana, antes de que arraigaran las expectativas inflacionarias. Se advierte todavía una cierta inercia en la inflación, atribuible a una limitada indexación de los salarios y los precios y a la rapidez con que se liberalizan estos últimos. La desinflación, a partir de un nivel de inflación alto, así como la escasa variación de la inflación, han mejorado las perspectivas de crecimiento a mediano plazo de las economías en transición.

Mencionaron los directores que el endurecimiento de las limitaciones presupuestarias, sumado a la independencia del banco central y a los límites más estrictos que se imponen al crédito otorgado por éste al sector público, constituyen el núcleo de las medidas de estabilización. Aunque no hay una vinculación tan clara entre el desempeño fiscal y la desinflación a partir de niveles moderados de inflación, la política fiscal puede obstaculizar la desinflación si produce recalentamiento o pone en peligro la solvencia a largo plazo de las finanzas públicas. En este sentido, los directores recomendaron a los países que han logrado bajar la inflación que pongan en práctica las reformas estructurales para fortalecer su posición fiscal a largo plazo.

Algunos directores opinaron que, si bien la falta de anclas para la inflación no ha impedido que se produzca una desinflación rápida, seguir sin ellas podía terminar por exponer la política monetaria a presiones indebidas en una etapa ulterior de la transición, mientras que algunos otros pusieron en duda la pertinencia de fijar metas para la inflación en un contexto de transición. Los directores convinieron en que el riesgo de que la inflación vuelva a acelerarse puede minimizarse reformando las instituciones para que el banco central sea más independiente y la política monetaria más transparente.

En lo tocante a la función de las anclas monetarias, los directores acordaron que los vínculos de los tipos de cambio pudieron haber influido significativamente en la prolongación de la etapa de inflación moderada en algunos países. Algunos observaron asimismo que estos vínculos podían traer algunos inconvenientes, y señalaron en especial la volatilidad posiblemente mayor de los flujos de capital en los distintos tramos que han de recorrer estos países hasta convertirse en economías de mercado, mostrándose a favor de una cierta flexibilización en los acuerdos sobre el tipo de cambio. Por ejemplo, podría prestarse mayor atención a los costos y los beneficios de distintos sistemas cambiarios en el contexto de la situación macroeconómica general y la etapa de transición, incluido el tema de las estrategias de salida.

Una tasa de inflación baja y sostenida requiere asimismo que se establezca un sistema financiero sólido. De hecho, la inestabilidad financiera provocada por la debilidad de los sistemas bancarios es una explicación decisiva en los casos de recaídas en una inflación alta durante 1993-97.

Los directores indicaron su inquietud por las derivaciones de la crisis rusa, que llegó a su punto crítico en agosto de 1998. Esta crisis ha reforzado las enseñanzas que se pueden derivar de lo acontecido con el proceso de transición:

  • Una reforma estructural orientada a afianzar los derechos de propiedad y consolidar la gestión de gobierno que quede inconclusa pone en peligro la sostenibilidad de la estabilización financiera.
  • El costo de una reforma incompleta en términos de pérdida de producto y recrudecimiento de la inflación puede ser muy alto.

Los directores sugirieron que se tomen en cuenta estas consideraciones cuando se preparen los próximos programas que respalde el FMI.

En todos los países, resta cumplir todavía la tarea fundamental de consolidar la buena gestión de gobierno en el terreno de la economía, sobre todo en la CEI y en los países de Europa sudoriental. Aunque en muchos países el gobierno no ha dejado de intervenir en la actividad económica todo lo suficiente, puede que sí se haya retirado excesivamente en ciertos aspectos como la garantía del entorno de seguridad y el orden jurídico. Los fallos en la gestión de gobierno han demorado la reforma estructural y esto, a su vez, ha inhibido la recuperación económica y limitado el desarrollo de un sector empresarial nuevo y más dinámico. En materia de reforma estructural, los directores recalcaron que es indispensable forjar una cooperación estrecha entre el FMI y el Banco Mundial, para poder así apoyar en la forma más eficiente y armónica posible los esfuerzos en pro de la estabilización que realizan los países cuyas economías están en transición.

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